Los movimientos sociales en perspectiva. Análisis comparado de las movilizaciones armadas y estudiantiles y su incidencia en la reconfiguración del Estado mexicano contemporáneo1


Social movements in perspective. Compared analysis of armed and student mobilizations and their incidence in the reconfiguration of the contemporary Mexican State



José Francisco Martínez-Velasco2 ; Gabriela María Luisa Riquelme-Alcantar2 ; Andrés Alejandro Reséndiz-Ponce2 .


2. Instituto Politécnico Nacional


*Autor de correspondencia: José Francisco Martínez-Velasco, email: jfmartinezv@ipn.mx


Información del artículo:

Artículo original

DOI: https://doi.org/10.33975/riuq.vol35n1.1241

Recibido: 05 febrero 2023; Aceptado: 9 mayo 2023


ISSN: 1794-631X e-ISSN: 2500-5782

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.


Cómo citar: Martínez-Velasco, José Francisco., Riquelme-Alcantar, Gabriela María Luisa, & Reséndiz-Ponce, Andrés Alejandro. (2023). Los movimientos sociales en perspectiva. Análisis comparado de las movilizaciones armadas y estudiantiles y su incidencia en la reconfiguración del Estado mexicano contemporáneo. Revista de Investigaciones Universidad del Quindío, 35(1), 359-372. https://doi.org/10.33975/riuq.vol35n1.1241



RESUMEN


El objetivo de este artículo es realizar, desde diversos paradigmas explicativos un análisis comparado del impacto de los movimientos sociales en México en la crisis y reconfiguración del Estado y en sus derivaciones en el sistema político, tanto en su faceta autoritaria, como en su perspectiva plural y democrática. Se parte de dos tipos de movimientos: los estudiantiles y los armados con diversos tipos de reivindicaciones. Para ello, se toman como materia de estudio: los movimientos armados de Guerrero en los años 70 y el movimiento estudiantil de 1968, donde se profundiza su impacto frente a un régimen autoritario. A su vez, se analizan también los movimientos de autodefensa en Michoacán como prototipos de movimientos sociales en un marco completamente diferenciadas en tiempo y circunstancia, pero que igual han impactado las dinámicas que rigen al Estado y sistema político de nuestro país. Es un análisis comparado y transversal de corte interpretativo con base en fuentes documentales relacionadas con la reconfiguración del Estado mexicano contemporáneo. La información resultante se interpretó con el apoyo informático de ATLAS ti, versión 8. Los hallazgos de esta investigación muestran que en los cinco casos se aprecian transformaciones en las dinámicas políticas del Estado y en la forma en que se procesaron dentro del sistema político mexicano, lo cual evidencia que los movimientos sociales en México sí han servido como catalizador en los procesos de cambio político que han desmantelado paulatinamente esquemas autoritarios de poder político, pero también denotan una debilidad institucional para asimilarlos.


Palabras clave: movimientos sociales; nuevos movimientos sociales; Estado; sistema político; autodefensas; México.


Abstract


The objective of this article is to carry out, from different explanatory paradigms, a comparative analysis of the impact of social movements in Mexico on the crisis and reconfiguration of the State and its derivations in the political system, both in its authoritarian facet and in its plural and democratic perspective. This is based on two types of movements: student movements and armed movements with different types of demands. We start from two types of movements: student movements and armed movements with different types of demands. For this purpose, the following are taken as subjects of study: the armed movements of Guerrero in the 1970s and the student movement of 1968, where their impact in the face of an authoritarian regime is deepened. At the same time, the self-defense movements in Michoacán are also analyzed as prototypes of social movements in a completely different framework in time and circumstance, but which have equally impacted the dynamics governing the State and the political system of our country. It is a comparative and transversal analysis of interpretative cut based on documentary sources related to the reconfiguration of the contemporary Mexican State. The resulting information was interpreted with the computer support of ATLAS ti, version 8. The findings of this research show that in the five cases transformations in the political dynamics of the State and in the way they were processed within the Mexican political system can be appreciated, which evidenced that social movements in Mexico have indeed served as a catalyst in the processes of political change that have gradually dismantled authoritarian schemes of political power, but also denote an institutional weakness to assimilate them.


Keywords: social movements; new social movements; State; political system; self-defense; México.


Introducción


Ha transcurrido más de medio siglo donde diversos movimientos sociales han cimbrado las estructuras de un Estado mexicano cuyos referentes legitimadores se establecieron bajo la gesta revolucionaria de 1910 y se institucionalizaron a partir de las postrimerías de la década de los 20 del siglo pasado. En efecto, la otrora dictadura perfecta que hacía funcionar un sistema político que dispersaba su poder, dando cause y reproducción social, se articulaba con tres elementos claves: un sistema presidencial con amplias facultades jurídicas pero, sobre todo, políticas -lo que en su momento Carpizo (2002) denominó facultades constitucionales y metaconstitucionales-; un partido hegemónico con capacidades de reclutamiento, movilidad o desactivación política y un entramado corporativo que segmentaba el espectro social y restringía las demandas sociales a partir del filtro que imponían las centrales obreras, campesinas y populares ligadas al partido y al gobierno.


De tal suerte, lo que representaba un modelo de estabilidad motivo de estudio y referente de conducción política -frente a gobiernos que habían recurrido a una violencia sistematizada de Estado para mantener la gobernabilidad- sufrió una gran crisis en el último tramo del siglo XX y tuvo que restructurar, paulatinamente, su andamiaje institucional, a fin de entender la emergencia de nuevos actores, sus demandas y sus formas de acción política y social.


Si bien existen diversas interpretaciones para la irrupción de numerosos movimientos a lo largo del periodo en comento, regularmente se han abordado de manera desagregada y analizada bajo un paradigma explicativo que excluye otras interpretaciones. Dicha reticencia no sólo está ligada a las posturas académicas, sino que incluso remite a cuestiones ideológicas de los cientistas sociales. De ahí que este artículo parte de la recuperación de diversos esquemas analíticos y fuentes localizadas. Se propone una interpretación de cómo se podrían analizar estos movimientos sociales en su correlación con el Estado mexicano. Cabe señalar que este trabajo parte de una diferenciación entre el Estado y el Sistema Político mexicano, la cual responde a tradiciones de pensamiento diferenciadas, aunque existen vasos comunicantes, en tanto comunidad política.


Con ello, no sólo se busca posicionar a los movimientos sociales en el pasado, sino que también permitió ofrecer una perspectiva para aquellos movimientos en ciernes o en proceso de maduración, los cuales se están sucediendo en el país y que obedecen a otra lógica de acción, pero que también impactan en las formas y fondos en la gestión del poder y la gobernabilidad en el espacio público de México.


De tal suerte, el objetivo de este artículo es realizar, desde diversos paradigmas explicativos un análisis comparado del impacto de los movimientos sociales en México en la crisis y reconfiguración del Estado y en sus derivaciones en el sistema político, tanto en su faceta autoritaria, como en su perspectiva plural y democrática. Esto a partir de dos tipos de movimientos: los estudiantiles y los armados con diversos tipos de reivindicaciones.


Para ello se toma como materia de estudio: los movimientos armados en Guerreo de la década de los 70, el movimiento estudiantil de 1968 donde se analizan sus implicaciones frente a un régimen autoritario. A su vez, los movimientos de autodefensa en Michoacán se establecen como prototipos de movimientos sociales en un marco completamente diferenciadas en tiempo y circunstancia, pero que igual han impactado las dinámicas que rigen al Estado y sistema político de nuestro país.


De esta forma, se parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera impactaron los movimientos sociales en la crisis y transformación del Estado y del sistema político mexicano, tanto en su vertiente autoritaria, como en su fase plural y democrática? A manera de hipótesis se establece que los aspectos de cambio son muy diferenciados. Mientras que, en el pasado, el movimiento estudiantil tuvo mayores impactos dentro de un ambiente autoritario, que su contraparte en el presente y con ambientes políticos más plurales y democráticos; el movimiento armado indígena tuvo mayores alcances en la actualidad, que las movilizaciones armadas agrarias en los 60, mismo caso para el caso de las autodefensas michoacanas.


Empero, en los cinco casos se aprecian transformaciones en las dinámicas políticas del Estado y en la forma en que se procesaron dentro del sistema político mexicano, lo cual evidencia que los movimientos sociales en México sí han servido como catalizador en los procesos de cambio político que han desmantelado paulatinamente esquemas autoritarios de poder político, pero también denotan una debilidad institucional para asimilarlos.


MATERIAL Y MÉTODO


Es un análisis comparado y transversal de corte interpretativo con base en fuentes documentales relacionadas con la reconfiguración del Estado mexicano contemporáneo. Para la obtención de categorías de análisis se utilizaron los términos: movimientos sociales, movilizaciones armadas, movilizaciones estudiantiles y autodefensas de Michoacán. Con base en el objetivo planteado en este trabajo, se seleccionaron diversos documentos, resultado de una exhaustiva búsqueda en diversas bibliotecas especializadas, que permitieron de manera cualitativa, entender la genealogía de los movimientos sociales. Estas fuentes se abordaron a profundidad con el apoyo informático de ATLAS ti, versión 8.


La Genealogía de los Movimientos Sociales y su Asimilación en Dentro del Estado


Desde nuestra perspectiva, la construcción de un análisis sobre los movimientos sociales debe tener como referente el carácter en los fenómenos sociales y políticos que se manifiestan en una época determinada y la forma en que juegan estas variables puede inhibir o alentar a dichas acciones colectivas. Pero ¿qué debemos entender como un movimiento social? La primera ocasión en que la literatura empleó el vocablo de movimientos sociales fue en 1850. El sociólogo alemán Lorenz von Stein en su libro Historia del movimiento social francés desde 1789 hasta la actualidad introdujo dicha expresión refiriéndose a un proceso continuo y unitario en virtud del cual el conjunto de la clase obrera cobraba conciencia de sí misma y fuerza (Tilly, 2010).


No obstante, tal como sostiene Charles Tilly (2010), los movimientos sociales, tal y como los conocemos hoy en día, hicieron su aparición masiva en el siglo XIX; lo cual iba de la mano con la consolidación del Estado nación como comunidad política preeminente. Asimismo, la existencia de estos movimientos obedeció a cambios estructurales asociados con el capitalismo y las formas inherentes de estructuración sociopolítica y económica.


El mismo Tilly sostiene que la síntesis en la gestación de esos movimientos sociales obedeció a tres elementos: En primer instancia, por el esfuerzo público, organizado y sostenido por trasladar a las autoridades pertinentes las reivindicaciones colectivas. En segundo lugar, el uso combinado de formas de acción política como la creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico; reuniones públicas; procesiones solemnes; vigilias; mítines; manifestaciones, peticiones; declaraciones a los medios públicos; y, en tercer lugar, la propaganda. A este conjunto de elementos se denomina el repertorio del movimiento social (Tilly, 2010).


Por otra parte, Wilkinson define a los movimientos sociales como el conjunto de acciones y conductas de un grupo en torno a un objeto especial (Wilkinson, 1971). Es decir, que el poder de los movimientos sociales se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales.


Siguiendo con esta línea que vertebra la definición de este fenómeno social, Touraine establece que la noción de movimiento social sólo es útil si permite poner en evidencia la existencia de un tipo específico de acción colectiva, aquel por el cual una categoría social, siempre particular, pone en cuestión una forma de dominación social que a su vez es particular y general, e invoca contra ella valores, orientaciones generales de la sociedad que comparte con su adversario para privarlo de tal modo de legitimidad (Touraine, 1998).


Ahora bien, conforme la sociedad se fue complejizando y el desarrollo en el pensamiento social se fue ampliando, los paradigmas explicativos buscaron dar respuesta al origen, desarrollo e impacto de nuevos movimientos sociales. En efecto, la emergencia de los movimientos sociales con su inherente trinomio entre nuevas identidades, reivindicaciones y formas de acción está estrechamente ligada a los fondos y formas que las instituciones, reglas y procedimientos del sistema político impone entre la sociedad, máxime cuando éste se articula bajo principios de un régimen democrático.


Como bien señala Melucci (2010) los movimientos sociales y los partidos políticos son dos formas de acción que desarrollan los sistemas contemporáneos. Los conflictos y las tensiones afloran más allá de los límites institucionalizados que regulan la competencia política y que permiten a un sistema producir las decisiones bajo el principio de incertidumbre democrática. Aquí, los nuevos movimientos rompen las reglas del juego y, al mismo tiempo, revelan que las mismas no son simples condiciones funcionales de la integración social, sino que son instrumentos por medio de los cuales se mantienen y se reproducen los intereses dominantes (Melucci, 2010).


Empero, tanto el conflicto y sus dimensiones están directamente relacionadas con las reglas y los alcances que el Estado determina a partir de su configuración; es decir, a partir de los componentes funcionales del sistema político. Es decir, los movimientos sociales se pueden dar tanto dentro como fuera del tema institucional y procedimental, estableciéndose una relación de continuidad o de representación entre los movimientos y los partidos, los actores institucionales del sistema político, trastocando, incluso, el andamiaje legal del Estado.


En este sentido cabe poner en la palestra la relación entre los Movimientos Sociales-Estado y Sistema Político. En sus diversas acepciones el Estado se constriñe como comunidad política asentada territorialmente. Asimismo, éste último basa su legitimidad en aquellas instituciones que estructuran y reproducen a los individuos y conglomerados sociales en espacios físicos y simbólicos, pero también establece las pautas de interacción entre gobernantes y gobernados, con base en un derecho positivo y consuetudinario, formalizado en la mayoría de los casos en una constitución. Es entonces, bajo estos referentes que los movimientos sociales alteran estos elementos concomitantes al Estado.


Por su parte, el sistema político, siguiendo la conceptualización tradicional de Easton (1996) se configura como “el conjunto de pautas de interacción por medio de las cuales se asignan valores en una sociedad” (p, 90). En este sentido, existe un componente de poder y autoridad, ya que la mayoría de las veces esas asignaciones son aceptadas por la mayor parte de sus integrantes como como autoritarias (y autorizadas debido a tal aceptación). Como resultado de lo anterior es que el modo característico de comportamiento de cualquier tipo sistema político dependerá de su propia capacidad para asignar valores en una sociedad y lograr su aceptación en un continuo de tiempo, de acuerdo a los sistemas de asimilación y resolución de tensiones intra y extra sistémicas (Valdés, 2007). Los movimientos sociales, por sí mismos, representan una tensión dentro del sistema político y pone en constante revisión su capacidad para dar respuesta y generar pautas autopoiéticas, así como las decisiones que se presentan ante las demandas de estas acciones colectivas.


La evolución del Estado y del sistema político modernos en sociedades occidentales ha coincidido con el advenimiento de los procesos de cambio político que detonaron transiciones de gobiernos autoritarios hacia regímenes democráticos. Los movimientos sociales han representado un factor de suma relevancia en el cuestionamiento hacia las estructuras que dan viabilidad y reproducción social y hegemónica dentro del Estado y del sistema político.


En este sentido, Oberschall (2001) establece que en una democracia entendida como el conjunto de instituciones políticas complejas y entrelazadas que consiste, entre otras cosas, en elecciones libres y justas, con sufragio universal, rendición de cuentas, Estado de derecho pero, sobre todo, que no existe un control del aparato estatal sobre la esfera de la sociedad civil, los movimientos sociales representan un contendiente que busca un bien colectivo para un grupo de personas por medio de diferentes tácticas, algunas de las cuales pueden incluir métodos no convencionales, incluso ilegales, de presión hacia el objetivo (Oberschall 2001). Es decir, dentro del paradigma democrático existen mayores posibilidades que los movimientos sociales logren reivindicar sus peticiones y/o acceder a instancias de representación política que les den voz en el espectro social.


A diferencia de una simple acción colectiva, los movimientos sociales no necesariamente articulan su dinámica desde la espontaneidad, toda vez que éstos producen sus propios sistemas de reglas, crean organizaciones, generan un líder y una ideología propia, sin descontar que pueden transitar hacia procesos de institucionalización y burocratización.


Ahora bien, al acercarnos al estudio de este fenómeno en aquellos movimientos que han sido producidos al interior del Estado mexicano y la forma en que se ha trastocado en su andamiaje y capacidad de procesamiento, para fines analíticos se pueden diferenciar las corrientes clásicas y modernas en la construcción de enfoques explicativos de los movimientos sociales y cómo se pueden establecer referentes y coordenadas que los comprendan.


Los Enfoques Clásicos y Contemporáneos para el Estudio de los Movimientos Sociales Aplicados al Caso Mexicano


El enfoque Marxista


La primera corriente de pensamiento que buscó darle sentido a los movimientos sociales en sociedades industriales fue el marxismo. A partir de la división de las clases sociales y las contradicciones que se dan al interior del Estado, se presentan conflictos de carácter estructural en el seno de la sociedad (Laraña, 1999). Es decir, desde la corriente marxista para analizar a los movimientos sociales es necesario ubicar las condiciones estructurales de la revolución dentro de las contradicciones del sistema capitalista y la forma en que el Estado es determinado por la clase propietaria de los medios de producción. Sin embargo, se ignora el análisis de los procesos de formación de la acción colectiva, las formas en que se van aglutinando la protesta social, la ambivalencia y multidimensionalidad de las direcciones que caracterizan a los movimientos sociales.


De igual manera, como señala Melucci, reducen al área de la ideología burguesa los análisis de los mecanismos internos al interior del Estado, la mediación de los intereses y la formación de las decisiones; así como la lógica de la representación y la competencia por el consenso (Melucci, 2010).


Con base en ello, los exégetas del marxismo del siglo XIX distinguían a los movimientos sociales en función de su programa, organización y contexto. Bajo estos argumentos, las condiciones del surgimiento de los movimientos sociales se plantearon desde el análisis estructural de las relaciones de poder y la acción política mediante el partido revolucionario bajo la égida de la clase obrera, toda vez que siempre subyace en el Estado relaciones de dominación y de hegemonía.


No obstante, dentro del marxismo no se toma en cuenta el proceso de formación de actores colectivos más allá de lo que circunscribe el proceso histórico de formación de las clases sociales, ni mucho menos que las reivindicaciones sean meta económicas o que trasciendan la lucha entre éstas al interior del Estado.


Es éste un prototipo representativo frente a la confrontación de clase, pero también de la violencia del Estado, en tanto instrumento de clase, pero también reproductore de las desigualdades en México. Ejemplo de ello fue el movimiento de corte agrario en el estado de Guerrero, iniciado en al inicio de la década de los 60 por Genaro Vázquez, enmarcado en el Movimiento de Asociación Cívica Guerrerense (ACG) y que después de su muerte, dicho movimiento se radicalizó, ya bajo la égida de Lucio Cabañas dentro de la organización política que se denominó Partido de los Pobres y su brazo armado denominado Brigada Campesina de Ajusticiamiento, en la primera mitad de la década de los 70 (O´Neill, 2019).


Si bien la sucesión de estos movimientos no era obrera, sino campesina, sí representaba desde el espacio ideológico la desposesión de los medios agrarios y de producción y reivindicaba la lucha social con tintes armados (en modalidad de guerra de guerrillas. No obstante, también tuvo un fundamento que lo anclaba con la lucha agraria emanada de la Revolución Mexicana de 1910 (Ávila, 2016).


La radicalización del movimiento, incluyendo el secuestro del entonces gobernador del Estado Rubén Figueroa, caló hondo en las formas con las que el Estado mexicano asimilaba estas luchas sociales, radicalizando su respuesta. El resultado de estas acciones detonó un periodo denominado Guerra sucia, donde se dio un incremento en las desapariciones, torturas y encarcelamientos de los miembros de los miembros del Partido y la guerrilla. Esto tuvo un impacto clave en la erosión del andamiaje autoritario del Estado que tuvo en el movimiento estudiantil de 1968 otro de sus puntos de inflexión más importantes en los procesos de cambio político que han mutado a fases menos autoritarias del Estado en tanto comunidad política y sistema político, en cuanto a su forma de asimilar y traducir demandas.


Las Teorías Funcionalistas del Comportamiento Colectivo; de la Elección Racional y de la Movilización de Recursos


Para la primera mitad del siglo XX, los movimientos sociales fueron estudiados a partir de paradigmas psicológicos y conductistas expresados en la teoría del comportamiento colectivo en donde destacaba el carácter emocional y desorganizado de la acción colectiva. Dentro de esta teoría se desprenden dos corrientes de pensamiento. Por un lado, aquella que surge dentro la tradición funcionalista y, la segunda, vinculada al interaccionismo simbólico. Empero, por su importancia, en este artículo se profundizará más en la primera corriente.


La vertiente funcionalista parte de la premisa donde hay un esquema pluralista de la sociedad, donde se dá una distribución uniforme del poder y, en teoría, todos los grupos tienen posibilidades de canalizar sus expectativas y demandas a través de las instituciones políticas existentes Asimismo, este pluralismo se materializa en una sociedad en la que el poder está ampliamente distribuido entre la variedad de grupos que compiten por él y no se concentra en manos de ningún segmento de la sociedad. Aquí, es pertinente argumentar más que del Estado como un ente monolítico, sí de un sistema político que esté abierto a la participación ciudadana de todos los grupos y pueda dar cauce a sus demandas y reivindicaciones (Laraña,1999).


En este sentido resalta el trabajo de Neil Smelser en su obra La teoría del comportamiento colectivo. Para Smelser (1996) la función de las acciones colectivas derivadas en movimientos sociales radica en modificar normas y valores, es decir, el conjunto de determinados niveles de los componentes de la acción social. Dichos niveles se articulan en cuatro grandes rubros: los valores supremos, las normas, la movilización de la motivación individual y las facilidades de la situación (Smelser, 1996).


Empero, uno de los problemas de las teorías del comportamiento en la vertiente funcionalista, es que partieron de la premisa que las acciones por parte de individuos agregados siempre se derivan de una situación de desequilibrio y de una escasa funcionalidad en los procesos de integración del sistema social imperante (Melucci, 2010).


Por otra parte, una de las respuestas frente a los vacíos y supuestos de las teorías del comportamiento colectivo que buscaron explicar los movimientos sociales norteamericanos y sus organizaciones de los 60 fueron los modelos de elección racional, pero sobre todo, el enfoque de la movilización de recursos. Bajo este enfoque resalta la importancia de las bases organizativas, la acumulación de recursos y la coordinación colectiva. Uno de los supuestos es mostrar las similitudes y convergencias entre la política de los movimientos sociales y la de los grupos de interés.


La teoría de la movilización de recursos abrevó de las premisas de la acción racional. Ésta manifestaba su rechazo a aquellas tendencias que destacaban el carácter emocional y desorganizado de los movimientos sociales tal y como se ponderaba en los enfoques del comportamiento colectivo. En otras palabras, para esta teoría, los movimientos sociales son grupos racionalmente organizados que persiguen determinados fines y cuyo surgimiento depende de los recursos organizativos de que disponen (Larraña,1999). Aquí, el modelo del actor individual y colectivo se analiza a partir de la teoría de la elección racional, es decir, donde las acciones están mediatizadas a partir de cálculos racionales y la orientación hacia la maximización de beneficios.


El enfoque de movilización de recursos se decanta en prestar más atención a los recursos materiales que los aspectos asociados con la psicología de sus miembros. Sin embargo, esta teoría adolece de un factor importante y es que no concede importancia a los valores, reivindicaciones e ideología de las personas que integran los movimientos sociales (Marx Ferree, 2001).


Bajo estos enfoques es posible identificar algunas claves para entender la génesis o implicaciones del movimiento estudiantil de dominación 68 en México con respecto a su impronta en la reconfiguración del Estado autoritario. En primer lugar, e independientemente de los sucesos contingentes que dieron pie al movimiento del 68, las normas y valores que estaban en juego en un primer momento era el reconocimiento de la juventud como identidad y su derecho a manifestarse.


Es decir, en términos generales, los valores a los que refiere Smelser en tanto representación de estados finales deseables, para los jóvenes del movimiento del 68 era su incursión a la vida política del país que los hiciera visibles y parte del proceso modernizador que llevaba a cabo el Estado mexicano, con el inherente acceso a mecanismos de movilización social, a través de la educación y el trabajo, sino también como un catalizador hacia mejores estadios democráticos. Esto iba de la mano con las normas de un Estado de derecho que no se habían podido lograr en el México post revolucionario.


Dentro del movimiento estudiantil del 68, un elemento que es clave y que se maneja desde esta perspectiva funcionalista de carácter pluralista y son las facilidades de la situación, las cuales se enmarcan en los contextos. El triunfo de la Revolución cubana que simbólicamente abrió la posibilidad de la entonces utopía socialista, un mundo convulso en las relaciones sociales y en la reestructuración social derivada de la posguerra (Martínez, 2018); aunado a los movimientos sociales de ferrocarrileros, pero sobre todo, de médicos, también abría el paso a las clases medias, fracturando la eficacia corporativa con la cual se habían filtrado, canalizado y gestionado el conflicto social. Esto tuvo implicaciones de suma importancia en los procesos de cambio político en las postrimerías de la década de los 70, pero también con el movimiento estudiantil se reconocía como un interlocutor válido a la juventud dentro del sistema social y político con demandas específicas como sostiene Brachet – Márquez (1994).


Así también, bajo el marco de movilización de recursos, articular una racionalidad en los apoyos del movimiento fue una de las características del movimiento estudiantil. Es decir, si bien el movimiento tuvo un carácter espontáneo frente a las formas represoras de gestionar los conflictos sociales, paulatinamente tuvo objetivos claros y direccionados. Por ejemplo, cuando se formalizó el órgano de dirección del movimiento a inicios de agosto de 1968, se establecieron una serie de demandas concretas. Ejemplo de ello son las siguientes:


  1. Libertad a presos políticos.
  2. Destitución de los jefes de la policía, del servicio secreto y del cuerpo de granaderos, responsables de la represión por la que estalla el movimiento.
  3. Desaparición del cuerpo de granaderos.
  4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del código penal relacionados con la tipificación del delito de disolución social.
  5. Indemnización a los familiares de los muertos y heridos en las represiones a estudiantes que dieron origen a la protesta y al movimiento.
  6. Deslinde de responsabilidades por los actos de represión (Martínez, 2018, p. 50).

El conjunto de peticiones, vino secundado por los apoyos que amas de casa, ciudadanos de clase media y obreros quienes se sumaron a la movilización social.


Los Enfoques Contemporáneos para el Estudio de los Movimientos Sociales Aplicados al Caso Mexicano


Nuevos Movimientos Sociales


Frente las concepciones racionalistas en el estudio de los movimientos sociales, el enfoque de los nuevos movimientos sociales se ocupa especialmente del papel que desempeñan los procesos de construcción de identidades colectivas en su formación. Se criticaba que los enfoques racionales y de movilización de recursos exageraban la centralidad para los movimientos sociales de las decisiones estratégicas deliberadas. Asimismo, reducían a un papel secundario factores como la contingencia, la emotividad, la flexibilidad y el carácter interactivo de la política de estas formas de expresión social (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005).


A su vez, los movimientos sociales se han venido configurando también como un factor de contrapeso al Estado, generalmente le correspondieron dar la respuesta desde el entramado social organizado, comúnmente denominado sociedad civil, frente al contexto donde la opresión política está radicada en su cotidianidad.


Touraine parte de la disociación del universo económico y el universo cultural. Esta ruptura entraña la degradación, tanto de una como de otra esfera amenazando la unidad de la personalidad individual. Entonces, el actor procura salvaguardar o reconstruir su capacidad de acción, la unidad de su experiencia. El Sujeto sólo se construye por su lucha, por un lado, contra la lógica de los mercados, por el otro, contra la del poder comunitario (Touraine 1998).


Melucci establece que las formas de acción en los movimientos contemporáneos se distancian del modelo tradicional de la organización política y asumen una creciente autonomía de los sistemas políticos. Esos movimientos ocupan un espacio intermedio de la vida social en el cual se entrelazan necesidades individuales en impulsos de innovación política. Las características de estos movimientos hacen que la eficacia de los conflictos sociales pueda ser garantizada sólo por la mediación de los actores políticos. Uno de los análisis más serios de los modos muy sociales desde una perspectiva (neo) marxista fue esgrimida por Claus Offe. Bolos (1999).


Teoría de las Oportunidades Políticas. Modelo del proceso político y el enfoque de las oportunidades políticas.


Hacia las postrimerías de la década de los 70, el análisis de los movimientos sociales contempló que el surgimiento de éstos dependía en gran medida de las oportunidades al alcance de los contestatarios generados por cambios en la estructura institucional y de la disposición ideológica de los grupos en el poder McAdam (1999).


Es en ese momento que el concepto de oportunidades políticas se convirtió en un concepto clave en el ámbito de la investigación sobre movimientos sociales. Tarrow establece 3 dimensiones de la dimensión política: (1) la estructura formal, (2) institucional del sistema y (3) la estructura informal. En primer lugar, el grado de apertura de la comunidad política, es decir, al grado de apertura del sistema político institucionalizado. En segundo lugar, la estabilidad de las alineaciones políticas, es decir, la presencia o ausencia de elites aliadas y, en tercer lugar, las divisiones en el seno de las élites (Tarrow, 1998).


Sin embargo, McAdam incluye una variable más que se refiere a la capacidad del Estado y su propensión a la represión (McAdam, 1999). Es así como los movimientos sociales surgen como resultado de la creación o expansión de oportunidades.


Asimismo, existen dimensiones específicas de los sistemas políticos para que se den los marcos de la acción colectiva y los movimientos sociales. Dentro del Enfoque de Oportunidades Políticas, se establecen cuatro dimensiones:



Un referente en el estudio de movimientos emergentes que se han configurado o están en vías de articularse como movimiento social, lo representan las denominadas autodefensas, particularmente las que se gestaron en el estado de Michoacán.


Las autodefensas son grupos armados que se organizan con la finalidad de proteger sus territorios en contra de la violencia e inseguridad generada por grupos que operan en la ilegalidad, y, así, procurarse justicia y seguridad que el Estado no es capaz de ofrecer (Fuentes Díaz y Paleta, 2015). Estos grupos se han erigido sin recurrir a los canales institucionales que proporciona el Estado, por considerarlos inoperantes.


A nivel nacional, los primeros grupos de autodefensas en México surgen en la década de 1990, en sierra y costa de Guerrero. En 2011, en los municipios de Ostula y Cherán, Michoacán, se organizaron algunos grupos de defensa colectiva que han buscado la procuración de justicia por su propia cuenta, principalmente en las poblaciones indígenas purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes de la entidad (Guerra, 2015). Asimismo, en 2012 se crearon grupos de autodefensas, guardias civiles o policías comunitarias, en contra de compañías mineras chinas y grupos de talamontes en 22 municipios en México.


Para el análisis de la formación de grupos de autodefensas como movimientos sociales se utilizaron las categorías de oposición a la dominación, construcción identitaria y formas de acción autónomas, que se extraen del enfoque de Nuevos Movimientos Sociales.


Siguiendo a Touraine, en cuanto a la categoría oposición a la dominación, las autodefensas se erigen como movimientos sociales en tanto que representan un desafío a la forma de dominación social del Estado, toda vez que estos movimientos, a decir de Francisco López Bárcenas, son una manifestación de violencia extrema por la defensa de sus comunidades, al margen de la legalidad, en contra de las capacidades institucionales del Estado y frente al crimen organizado y empresas transnacionales que pretenden despojarlos de sus territorios (Castellanos, 23 de febrero de 2013).


Si bien, en principio los grupos de autodefensas surgen para procurarse justicia y seguridad, el movimiento social escaló en algunas comunidades en donde las capacidades institucionales del Estado resultaron disminuidas, a tal grado, que estos grupos armados lucharon por ejercer su libre derecho a la autodeterminación, lo que incluye el derecho a poder elegir la forma de gobierno que mejor les convenga.


Este derecho de autodeterminación implica la conformación de sus propios mecanismos de vigilancia que coadyuven al Estado; sin embargo, en estas comunidades la tarea estatal ha sido rebasada y sustituida. Entonces, la autonomía toma expresiones más nítidas porque las capacidades institucionales del Estado no operan en su totalidad, y el monopolio de la violencia legítima, otrora particularidad exclusiva del Estado queda en entredicho frente a estos movimientos.


Por otra parte, atendiendo a los procesos de construcción de identidad colectiva que toma especial interés en los enfoques de nuevos movimientos sociales, se observa que los grupos de autodefensas construyeron identidades que los distinguieron de otros movimientos armados. Su finalidad era reivindicar su identidad como pueblos originarios.


En este sentido, Antonio Fuentes Díaz señala que las autodefensas de la meseta purépecha construyeron, de una manera más evidente su noción de identidad, al orientarla en estructuras comunales de primer orden, esto es, la propiedad de la tierra, la etnicidad y la organización política por medio del uso y las costumbres (Fuentes Díaz, 2015).


Al respecto, Vite Pérez (2017) advierte que las comunidades de autodefensas construyeron su identidad en enclaves territoriales donde encuadraban de manera espacial y temporal las experiencias particulares, como ajenas al resto de la nación.


Finalmente, de acuerdo con Melucci (2010), en cuanto a la forma de acción autónoma, la organización política de los nuevos movimientos sociales asume una creciente autonomía frente al sistema político ocupando un lugar intermedio de la vida social. Esto se manifiesta en los grupos de autodefensas cuando quedan inscritos en una suerte de zona gris, que es un área en donde convergen diversos actores políticos, a saber, el Estado, el crimen organizado y los grupos de autodefensas.


En esta zona gris, las relaciones entre Estado y grupos de autodefensas pueden ser de cordialidad en ocasiones, y en relaciones de tensión otras veces. Así, las formas de acción de estos movimientos sociales toman autonomía frente al sistema político al romper el conjunto de normas y valores asignados por éste.


En este caso, los grupos de autodefensas surgen fuera de los marcos normativos que el sistema político asigna, ganando autonomía debido a que cuentan con legitimidad, es decir, disponen del consenso de la mayoría de la población para procurarse justicia mediante la violencia.


A tal respecto, como lo establece Oberschall (2001), el ámbito social, económico y político en el que este movimiento social se ha desarrollado es uno de apertura democrática, lo que posibilita que los grupos de autodefensas logren reivindicar sus peticiones y accedan a instancias de representación política; sin embargo, la respuesta del Estado fue establecer canales institucionales para que se formaran grupos de guardias civiles o policías comunitarias.


Con esta acción, los grupos de autodefensas perdían su fuerza autonómica y cedían ante las pretensiones del Estado de coadyuvar en la tarea de vigilancia, únicamente, siendo el Estado el que controlara el uso de la violencia (García Tinoco, 3 de marzo de 2013).


De esta forma, se observa que este movimiento social ha impactado en la apertura del cambio político, especialmente en la región de Michoacán, en donde nuevos actores políticos han surgido en su lucha por la reivindicación de derechos.


Conclusiones


Este artículo contextualiza su análisis en dos momentos. Por un lado, el impacto de los movimientos armados y estudiantiles dentro de un Estado reconocido como autoritario y, por otro lado, compararlos con otro tipo de movimientos armados en una formación estatal cuyo sistema político transitó en procesos y cambios políticos orientados a la consolidación democrática. Esto bajo los paradigmas explicativos de los movimientos sociales, vistos desde dos perspectivas. Una clásica y otra contemporánea.


Si bien existen múltiples factores que han detonado procesos de crisis y transformación tanto del sistema político como el Estado mexicano, en el que se incluyen condicionamientos externos de corte político y económico; los condicionamientos internos expresados en las pugnas al interior de la clase gobernante, por sólo por mencionar algunas causas; es innegable que la irrupción de los movimientos sociales representaron un catalizador que por sí mismo aceleró los cambios estructurales en las formas y fondos de dispersar el poder político; de generar referentes legitimadores pero sobre todo de ir menguando el esquema autoritario que durante décadas había garantizado la legitimidad y la estabilidad en nuestro país.


Los movimientos sociales como el estudiantil en 1968, los movimientos armados en los 60 y 70, así como los nuevos movimientos de autodefensa construyeron nuevos significados que detonaron un nuevo andamiaje institucional y procedimental para dar cuenta de estas identidades con sus respectivas reivindicaciones con base en las formas de organización (tanto formales como informales) y los procesos colectivos de interpretación. Esto bajo la premisa de que las oportunidades políticas y las constricciones que tienen que afrontar los movimientos sociales están directamente relacionadas con las capacidades institucionales del Estado y la capacidad de respuesta del sistema político.


Conflicto de interés: Los autores declaramos que no existe ningún conflicto de intereses.


Contribución por autor: Como autores somos responsables de todos los componentes del presente trabajo, lo cual incluye su carácter inédito.


Financiación o fondos: Quienes somos autores declaramos que no contamos con ningún apoyo financiero; y que todos y cada uno de los recursos que se utilizaron para la elaboración de la obra fue erogado por quienes la realizamos.


Referencias


Ávila, F. (2016). Historiografía de la guerrilla del Partido de los Pobres (PDLP) (Atoyac, Guerrero). Secuencia, 0(95), 152. http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i95.1381

Brachet-Márquez, V. (1994). Las movilizaciones estudiantiles y populares en una perspectiva comparativa: 1968 y 1988. En Centro de Estudios Sociológicos. Transformaciones sociales y acciones colectivas: América Latina en el contexto internacional de los noventa (pp. 253–276). El Colegio de México. https://doi.org/10.2307/j.ctv6jmx2w.21

Bolos, Silvia (1999). La constitución de actores sociales y la política. México: Plaza y Valdés-Universidad Iberoamericana.

Carpizo, J. (2002). El presidencialismo mexicano. Siglo XXI.

Castellanos, L. (23 de febrero de 2013). Autodefensas, expresión extrema. El Universal.

Easton, D. (1996). Esquema para el análisis político. Amorrortu editores.

Fuentes Díaz, A. (2015). Narcotráfico y autodefensa comunitaria en” Tierra Caliente”, Michoacán, México. Ciencia UAT, 10(1), 68-82.

Fuentes Díaz, A. y Paleta, G. (2015). Violencia y autodefensas comunitarias en Michoacán, México. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (53), 171-186.

García Tinoco, M. (3 de marzo de 2013). Instalan bases de operaciones mixtas para inhibir grupos de autodefensas. Excelsior.

Guerra, E. (2015). Las autodefensas de Michoacán: Movimiento social, paramilitarismo y neocaciquismo. Política y cultura, (44), 7-31.

Laraña, E. (1999). La construcción de los movimientos sociales. Alianza Editorial.

Martínez, G. (2018). El movimiento estudiantil del 68 en México. Revista Temas, 95-96 (julio-diciembre), 47-53.

Marx Ferree, Myra (2001). “El contexto político de la racionalidad: las teorías de la elección racional y la movilización de recursos”, en Enrique Laraña. Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. España: Centro de Investigaciones Sociológicas. Pp. 151-182.

McAdam, Doug, Sidney Tarrow y Charles Tilly (2005). Dinámica de la contienda política. Barcelona: Hacer Editorial.

McAdam, D. (1999). Oportunidades políticas: Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación. En D. McAdam, J. Mc Carthy y Z. Mayer (Eds.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas (pp. 49-70). Istmo.

Melucci, A. (2010). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México: El Colegio de México.

Oberschall, Anthony (2001). “Los movimientos sociales y la transición a la democracia”, en Reynaldo Y. Ortega Ortiz (ed.). Caminos a la democracia. México: el Colegio de México. Pp. 23 -58.

O’Neill B. (2019). Nationalism and Marxism in Rural Cold War Mexico. Guerrero, 1959–1974. En K Young (Ed.). Making the Revolution: Histories of the Latin American Left (pp. 212-239). Cambridge University Press.

Smelser, N. (1996). La teoría del comportamiento colectivo. Fondo de Cultura Económica.

Tamayo, Sergio (2010). Crítica de la ciudadanía. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Tarrow Sidney (1998). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. España: Alianza Editorial.

Tilly, Charles (2010). Los movimientos sociales, 1768 -2008. Desde sus orígenes a Facebook. España: Crítica.

Touraine, Alan (1998) ¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: El destino del hombre en la aldea global. México: Fondo de Cultura Económica.

Valdés Vega, María Eugenia (2007). Sistema político, régimen de gobierno, en Gustavo E. y Víctor A. Tratado de Ciencia Política (coords.) (pp. 71-90). Universidad Autónoma Metropolitana.

Vite Pérez, M. (2017). Castigo y control: la vigilancia colectiva armada territorial en México, el caso de Tierra Caliente (Michoacán). Revista de Direito da Cidade, 9(4), 1902-1929.

Wilkinson, Paul (1971). Social Movements. London: Macmillan. World Bank.

1. Este artículo es resultado de los proyectos de investigación SIP 2023/0788, 2022/37/ y 2023/734 del Instituto Politécnico Nacional